Por Kim Tremblay, Esq.

El 27 de enero de 2020, la Corte Suprema de EE. UU. levantó una medida cautelar sobre las reglas de carga pública de la administración Trump. El otoño pasado, a través del Departamento de Seguridad Nacional (“DHS”), la administración buscó cambiar las regulaciones relacionadas con si un inmigrante que solicita la admisión a los Estados Unidos probablemente se convierta en una carga pública y dependa de los servicios del gobierno. Estos inmigrantes incluyen individuos que solicitan la admisión a los EE. UU. o la residencia permanente legal, o que intentan cambiar o extender su estatus de no inmigrante.

Las demandas se presentaron antes de que la regla entrara en vigencia el 15 de octubre de 2019. Los tribunales inferiores emitieron medidas cautelares a nivel nacional que impidieron que la regla entrara en vigencia. Sin embargo, la administración Trump apeló a la Corte Suprema para que pueda implementar la regla mientras las demandas están pendientes y la Corte levantó la orden judicial, excepto en Illinois, donde sigue vigente. Aunque los tribunales inferiores en última instancia pueden sostener que las regulaciones se emitieron incorrectamente, la regla entrará en vigencia por el 24 de febrero de 2020.

Según las nuevas regulaciones, el personal del DHS considerarán la totalidad de las circunstancias relacionadas con la probabilidad de que una persona se convierta en una carga pública. Este análisis irá más allá de si el patrocinador de la persona cumple con los requisitos de declaración jurada de apoyo para inmigrantes que solicitan la residencia permanente. USCIS ahora considerará la recepción de beneficios públicos, edad, salud, estado familiar, bienes, recursos, estado financiero, educación y habilidades del inmigrante al tomar una determinación.
Se supone que la agencia solo debe considerar los beneficios públicos recibidos por el inmigrante y no por los miembros de la familia. Esta regla no se aplica a los solicitantes de la condición de no inmigrante U, víctimas de trata, asilados, refugiados, menores inmigrantes especiales (“SIJS”), o individuos que solicitan la condición bajo la ley de violencia contra la mujer (“VAWA”).

Además, el Departamento de Estado (“DOS”) también emitió nuevas directivas que implementan un nuevo análisis para la regla de la carga pública en 2018, ampliando el espectro de los beneficios públicos que se pueden considerar al determinar si es probable que alguien se convierta en una carga pública. A diferencia de las reglas de DHS, las reglas de DOS pueden considerar los beneficios públicos que los miembros de la familia han recibido. DOS ya ha comenzado a denegar a los solicitantes en el extranjero bajo esta nueva política y pronto publicará un nuevo formulario que los solicitantes deberán completar antes de asistir a una entrevista consular.
Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de esta nueva regla y sus posibles efectos en su familia y su situación, no dude en llamarnos para una consulta o hablar con su abogado si ya tiene un caso abierto con nuestra firma.

Nos pondremos en contacto con todos los clientes de Logan Firm afectados por estos cambios para analizar sus circunstancias y si necesitamos cambiar su estrategia de caso. Además, realizaremos una breve presentación el 7 de marzo de 2020 a la 1:00 p.m. y nos reuniremos con los clientes existentes individualmente después. La presentación será en la Iglesia Cristiana Boulder Valley, 7100 S Boulder Rd, Boulder, CO 80303.

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